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Retos del Derecho Constitucional en el siglo XXI

Dr. Jesús M. Casal
Director del IIJ de la UCAB

Conferencia en la Universidad Monteávila con motivo de los 300 años del inicio de la enseñanza del Derecho en Venezuela – 27 de noviembre de 2014 –

Es difícil exponer en una conferencia el conjunto de desafíos del Derecho Constitucional venezolano en el Siglo XXI. Hay tanto por hacer para levantar los pilares de un Derecho Constitucional que merezca tal nombre que la enumeración de un largo listado de tareas pendientes podría causar angustia y abatimiento. Más aún, la enorme distancia entre principios proclamados y la realidad, y la observación y padecimiento de un desempeño institucional altamente insatisfactorio podrían dar lugar a la emanación de un torrente de problemas y de propuestas de solución capaces de alejarnos de lo fundamental, así como a discusiones más propias de una fase posterior a la instauración de los cimientos de la construcción institucional.

El gran reto constitucional del presente venezolano, parafraseando a la Declaración Universal de Derechos Humanos, es que la libertad y los derechos del ser humano estén protegidos por un régimen de derecho, presidido por una Constitución destinada principalmente a fijar límites y controles al ejercicio del poder. Y el Derecho Constitucional debe servir a este propósito. Ello en el marco de Constituciones que, a diferencia de la etapa fundacional del constitucionalismo, están sujetas a nuevas exigencias, referidas a los cometidos sociales del Estado o a derechos de igual carácter, y a una demanda creciente de democratización. Todo lo cual imprime ajustes en la visión tradicional sobre las modalidades del control y sobre la forma de limitar la actividad estatal, sin abandonar el derrotero central de contener el poder público para preservar la libertad. Al mismo tiempo, el sistema democrático en el que la Constitución ha de gestarse y ha de operar reclama hoy la reivindicación del pluralismo como garante de un amplio espacio para la divergencia y la lucha entre fuerzas políticas que han de ser reconocidas como actores legítimos.

Lo dicho se traduce en dos retos primordiales del Estado constitucional y democrático y del Derecho Constitucional: asegurar el pluralismo político y asumir la idea de la Constitución como instrumento de limitación y control del poder.

1.- Garantizar y promover el pluralismo político

No hay democracia sin pluralismo. Al menos no una democracia en su sentido pleno, ello incluso sin necesidad de calificarla como democracia liberal, aunque esta colocó en un primer plano tal exigencia. Pero más allá de la concepción que se tenga sobre esta relación, es indudable que el marco jurídico constitucional e internacional de la democracia impone el pluralismo político.

La democracia no es simplemente el gobierno de las mayorías, sino más bien el gobierno limitado de las mayorías (Sartori), y los límites a los que la mayoría gobernante queda sometida se explican en buena medida por los requerimientos del pluralismo político, que se manifiesta en derechos fundamentales como las libertades de expresión, de asociación, de reunión y de manifestación.

Nuestra historia como nación independiente no siempre se ha distinguido por el respeto al pluralismo. El retorno democrático de 1958 llevaba consigo la lección aprendida de que la preservación de la democracia exigía acuerdos de convivencia con fuerzas políticas diversas y abría esperanzas para el pluralismo, las cuales tuvieron reflejo en la elaboración de la Constitución de 1961, pero inicialmente se vieron en parte frustradas por la forma en que fue encarada la radicalización y conflictividad política de aquellos años. La alternancia significó en todo caso un avance fundamental y el proceso de pacificación y reincorporación a la vida democrática de muchos actores políticos de partidos de izquierda vinculados con esa conflictividad, aunada a la representación proporcional de las minorías, fue de especial relevancia.

El proceso político iniciado con la victoria de Hugo Chávez en diciembre de 1998 quiso superar algunos problemas del funcionamiento institucional de entonces, pero desembocó, más temprano que tarde, en la negación del pluralismo. La ruptura que el chavismo preconizaba con las prácticas y fuerzas políticas del pasado podía explicar algunos efectos excluyentes iniciales respecto de ciertas organizaciones o liderazgos, pero pronto la evolución de los acontecimientos demostró que se trataba no de dejar atrás una forma de hacer política criticable para muchos, y los actores responsables, a fin de abrir una nuevo ciclo democrático, sino de imponer una ideología y un modelo en el cual el Estado está al servicio de un pensamiento, de un liderazgo y de quienes lo secundan. Los sectores políticos y sociales extraños a este movimiento eran colocados al margen del proceso y de las instancias organizativas emergentes. El despliegue de este modelo supuso, muy rápidamente, la ocupación político-partidista de la institucionalidad prevista en la Constitución y el alineamiento de todos los poderes en una misma dirección.

La propuesta de reforma constitucional del 2007 iba destinada a formalizar la exclusión política y el cierre ideológico ya adelantado. Si bien el rechazo popular de la reforma el 2 de diciembre del 2007 suscitó por instantes esperanzas en una vivificación constitucional, el resultado del referendo fue respondido huyendo hacia adelante, mediante la descalificación procaz de la victoria obtenida por la oposición y demás sectores que adversaron la reforma; lo cual estaba acompañado por la aprobación de un Plan de Desarrollo Económico y Social que había sido presentado a la Asamblea Nacional junto con el Proyecto de Reforma Constitucional y que presuponía la adopción de esta última; y por la ulterior emisión de decretos leyes destinados a introducir los principios colectivistas que no pudieron ser constitucionalizados.

Desde la óptica del pluralismo, la devastación institucional sufrida por el país ha sido de enormes proporciones. El gobierno ha sido el principal responsable de este deterioro, aunque también ha sido favorecido por otros sectores. Ello se puso de manifiesto con la ruptura del orden constitucional y democrático en abril del 2002. Por otro lado, el pluralismo se resquebraja cuando se demoniza cualquier planteamiento o iniciativa del chavismo, sin un análisis ponderado, o cuando se pretende imponer, ya no desde la izquierda pero con la misma unilateralidad, una visión de las relaciones económico-sociales como la única válida, pese a tratarse solo de una opción o concepción de política económica, constitucionalmente admisible mas no necesaria.

Uno de los grandes retos democráticos de la Venezuela del presente y del futuro es la garantía y promoción del pluralismo. Esto supone, entre otras cosas, depurar la legalidad formal de aquellas disposiciones que establecen controles, condicionamientos o filtros ideológicos para el disfrute de derechos, así como revisar leyes o decretos leyes dirigidos a moldear la sociedad y el ser humano bajo el sello ideológico del Estado-gobierno. Implica también efectuar designaciones en órganos de control, muy particularmente en las instancias judiciales, con base en criterios de capacidad y mérito y bajo la premisa del respeto de la división e independencia de los poderes públicos.

Conviene, por cierto, salir al paso de la tesis, hoy hegemónica en las altas esferas de poder gubernamental y judicial, según la cual la observancia de la imparcialidad e independencia judicial solo exige que los jueces distingan entre la militancia partidista, que les estaría vedada, y el compromiso ideológico, que ha de dirigir las labores jurisdiccionales. Este planteamiento desecha de entrada un espacio para el derecho sin el cual el constitucionalismo normativo perece. Ciertamente, es inevitable que las decisiones judiciales dejen traslucir una lectura de la Constitución orientada por determinadas concepciones o preconceptos, pero una cosa es que ello en alguna medida ocurra y otra muy distinta es que deba suceder, es decir, que sea un componente necesario, natural o deseable de la tarea judicial. Tal como diría Norberto Bobbio:

“Sé muy bien que es difícil despojarse de nuestras preferencias; pero precisamente en ello reside la nobleza del científico. La neutralidad axiológica es la virtud del científico, como la imparcialidad es la virtud del juez: a nadie se le ocurriría sugerirle a un juez que, dado que es muy difícil ser imparcial, lo mismo da que no lo sea”.

No nos atreveríamos a sostener la completa neutralidad axiológica de los jueces, pero sí pensamos que su oficio implica un mandato de distanciamiento, tanto como sea posible, respecto de concepciones comprensivas del mundo o de sistemas ideológicos. La Constitución ofrece piezas sueltas o un marco abierto valorativo que puede guiar la interpretación, pero el respeto a la normatividad debe ser preservado. Además, no corresponde a los jueces contaminar ideológicamente un caudal democrático con el cual todos han de cultivar. Institucionalmente hablando, no les es dado usurpar o clausurar los cauces democráticos de configuración política.

La responsabilidad de los jueces constitucionales se vincula, antes que con el apalancamiento de un proyecto ideológico-partidista en ejecución, con la contención del poder en aras del cabal desenvolvimiento democrático y del respeto a los derechos fundamentales. Como diría Charles Howard al examinar la evolución constitucional británica:

“Si los derechos de los individuos y de las minorías han de resultar protegidos en los periodos de excitación e histeria, de los que desgraciadamente no nos hallamos inmunes, hemos de dejar abierta la posibilidad de que desde la agitación se apele a los serenos. La historia larga y fascinante del equilibrio entre jurisdictio y gubernaculum….debería servirnos….para ajustar y mantener hoy el delicado equilibrio de voluntad y derecho, el problema práctico central de la política tanto ahora como en los tiempos pasados”.

Por otra parte, el aseguramiento del pluralismo supone rescatar el parlamento como instancia de representación del pueblo en su diversidad política y de deliberación racional, reflejada en la legislación y en el control sobre el gobierno y la administración.

El pluralismo está siendo arrinconado por la instauración del Estado socialista comunal. Esta “forma de organización político-social” integra tres componentes básicos del orden político que se está imponiendo: el modelo productivo, la organización socio-territorial, y el poder popular como supuesta fuente alternativa de legitimación política. La principal idea directiva del Estado socialista comunal estriba en la imbricación establecida entre esos tres elementos, junto a otros que no se hacen visibles en la fórmula. La legitimación política se procura desde las comunidades, fundamentalmente mediante la conformación de los consejos comunales y la elección de sus voceros en asamblea de ciudadanos, lo cual realza la importancia de ese nivel de organización, que desemboca en la comuna, definida como “espacio socialista”[1], que es fundamental dentro de la nueva “geopolítica nacional”[2] o geometría del poder. Al mismo tiempo, este nivel comunitario de participación política está asociado al modelo productivo denominado socialista, a través de las empresas de producción social u organizaciones socioproductivas y de la propiedad social, la cual está llamada a absorber todos los medios de producción[3] o al menos los estratégicos y básicos[4]. Un cuarto elemento del régimen político-económico en curso, que la fórmula del Estado socialista comunal o de la Democracia Protagónica Revolucionaria pretende ocultar, teniendo ella en este sentido algo de fachada, es el dominio por el poder central, en cabeza del Presidente de la República, de todo el engranaje del circuito de legitimación que agrupa al poder popular, al nivel territorial comunitario y a la economía socialista. La microcefalia político-territorial, que tiende a debilitar a los Estados y Municipios, se traduce así en una macrocefalia presidencial. Este elemento está a su vez unido a procesos de distribución clientelar de bienes o recursos. El actual Plan de Desarrollo Económico y Social consagra esta forma de organización y amenaza seriamente el orden constitucional y democrático.

La garantía del pluralismo demanda la vigencia de la idea de Constitución como orden marco de un proceso democrático. La reconstitucionalización del país a que hemos aludido en varios trabajos apunta en la dirección del aseguramiento del pluralismo, ya que las Constituciones democráticas pretenden justamente establecer normas compartidas para la concurrencia entre distintas organizaciones y concepciones políticas, un denominador común en medio de la deseable diversidad, unas reglas de juego y unos principios básicos asumidos por todos. Tales Constituciones favorecen el pluralismo, pues garantizan espacios institucionales para el disenso, y se oponen a cualquier intento de sacralización o petrificación estatal de una determinada visión ideológico-partidista, es decir, a toda pretensión de hacerla valer y de reclamar su reconocimiento jurídico como preferente o como la única válida o legítima.

Lo dicho solo es posible si en el terreno de la cultura y la acción política se promueve el pluralismo, lo cual significa facilitar las oportunidades para el debate racional entre concepciones contrapuestas, como también inculcar el respeto a visiones del mundo diferentes a la que profesamos. Supone igualmente propender a que en el orden práctico sea posible alcanzar acuerdos allí donde hay intereses superiores compartidos y donde puede haber coincidencia en soluciones concretas aunque tal vez no en los fundamentos últimos de la acción. Es importante asimismo estar conscientes de que la democracia entraña apertura al pendulamiento de programas y plataformas políticas, bajo el signo de la alternancia, y es primordial la formación para el liderazgo democrático y para el relevo. Son muchos los temas periféricos aunque no extraños al Derecho Constitucional que aquí deben quedar tan solo enunciados.

2.- Reivindicar la Constitución como instrumento de limitación y control del poder

La consolidación institucional que el país requiere pasa necesariamente por el reconocimiento de la Constitución como norma jurídica vinculante principalmente orientada a limitar a los detentadores del poder. Esta fue la idea germinal de las Constituciones modernas y sigue siendo a nuestro juicio el telos fundamental, aunque no exclusivo, de la Constitución.

No obstante, el proceso iniciado en diciembre de 1998 ha implicado una ruptura abierta con esa noción de Constitución, en perjuicio del propio Texto Fundamental de 1999. La forma en que fue impulsado el proceso constituyente de ese año anticipó la erosión de la juridicidad que estaba por venir, sobre todo por el triunfo de la idea de que la política, representada en la soberanía popular y en el poder constituyente originario como su momento culminante, podía abrasar toda legalidad o normatividad imperante, así como los principios medulares del Estado de Derecho, al haberse definido ese poder como no limitado jurídicamente.

El socavamiento de la normatividad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela comenzó antes de su promulgación, en virtud del Régimen de Transición del Poder Público adoptado por la Asamblea Nacional Constituyente. Ya nos hemos referido a este asunto y hay otros estudios al respecto. Pero lo cierto es que desde muy temprano se desgarró el velo de la inviolabilidad de la Constitución, por parte de sus mismos promotores y de los órganos que debían garantizarla. En un principio este soslayamiento de la norma constitucional contó con la excusa de la necesidad de manejar la transición entre la antigua y la nueva Constitución, especialmente en razón del periodo intermedio entre la entrada en vigor de la Carta Magna de 1999 y la elección e instalación de la Asamblea Nacional, pero luego la transición se entronizó y en algunos aspectos llega hasta nuestros días.

Uno de los ámbitos institucionales que en mayor grado resultó afectado por el régimen de transición fue el de la justicia. Hoy prevalece la desolación en el campo judicial desde la óptica de la independencia. Es fácil entender que esta postración de la justicia ante la política no hace posible que la Constitución cumpla su función de limitar el ejercicio del poder. Los órganos a los que corresponde la garantía última de los derechos humanos en el orden interno son los tribunales de la República y es ante ellos que puede obtenerse la forma más completa de control frente a los excesos del poder. De ahí que su fragilidad repercuta negativamente en todo el sistema jurídico.

Bajos esas premisas, el Estado de Derecho que está contemplado, aunque con inconsistencias, en el actual diseño constitucional resulta eclipsado y la Constitución no sirve tanto para limitar y controlar a los gobernantes sino a lo sumo para acelerar la realización de un proyecto político. De ahí que desde altas instancias judiciales se haya abogado por una interpretación constitucional atada al proyecto político subyacente y se haya expresado que la división de poderes debilita al Estado. De allí también la relativización por la jurisprudencia constitucional, especialmente en la esfera de la intervención económica del Estado, de garantías fundamentales como la reserva legal en materia de derechos, así como el rechazo de la máxima conforme a la cual la libertad es la regla y la restricción la excepción. Muchos otros asuntos de relevancia constitucional, como la virtual renuncia al control sobre las leyes habilitantes y la admisión de decretos leyes de carácter orgánico, quedarán solo mencionados.

A la vista de esta instrumentalización ideológica de la justicia, no es de extrañar que la apertura de la Constitución al orden internacional de los derechos humanos haya sido obstruida por la jurisprudencia constitucional. Un proyecto ideológico cerrado, pretendidamente autosuficiente, se resiste a la interlocución con mecanismos y órganos internacionales de protección de los derechos humanos, que no están subordinados al pensamiento y a los intereses de un determinado gobierno o proceso político nacional. Desde esta perspectiva, la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, absolutamente contraria a la Constitución, era un desenlace previsible de la realidad política imperante.

La construcción institucional del país requiere, pues, de una Constitución en el sentido auténtico de la expresión. Desde la óptica del pluralismo político y del objetivo de la limitación jurídica del poder, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con todos sus defectos, puede ser una plataforma para la realización de esa idea de la Constitución, sin perjuicio de los cambios que democráticamente sean promovidos.

La experiencia constitucional comparada indica que la reconducción constitucional y democrática de un sistema jurídico-político es posible aun conservando un texto constitucional que pueda ser cuestionado por las condiciones de su gestación o por su contenido. Ha sido el caso de Chile y luego de Perú, en sus recientes procesos de redemocratización. En un contexto y con antecedentes distintos, es digna de mención la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, concebida como provisional en espera de la reunificación y elaborada durante la ocupación de las potencias aliadas occidentales, cuya anuencia respecto del nuevo instrumento constitucional era necesaria. Las circunstancias políticas y la actuación de los actores institucionales, incluyendo a los encargados de interpretar las normas constitucionales, determinan el destino de las Constituciones en mayor medida que las apreciaciones sobre sus bondades o defectos, y esta constatación, que deja abierta desde luego la opción del cambio constitucional, debe ser tenida en cuenta al sopesar lo que sea más apropiado en esta materia.

En su oportunidad habrá que impulsar reformas dirigidas a suprimir la reelección presidencial indefinida, así como la de otras autoridades ejecutivas; a reducir los poderes presidenciales y ampliar los controles sobre su ejercicio; a prever algún control parlamentario sobre los ascensos militares; a limitar severamente la posibilidad de las delegaciones o habilitaciones legislativas, en términos más estrictos que los de las Constituciones de 1961 y 1999; a establecer un parlamento bicameral, con cámaras diferenciadas en algunas de sus atribuciones o cometidos, en su composición y mandato; y a corregir el sobredimensionamiento del concepto de la Seguridad de la Nación, entre otras modificaciones constitucionales necesarias, cuyo alcance transformador habrá de resolverse democráticamente.

Más allá de la revisión de la Constitución, para conseguir una reorientación hacia un Estado de Derecho es indispensable promover cambios de índole institucional y material o conceptual. Así, hay que instaurar una verdadera carrera judicial que se inicie con auténticos concursos públicos y asegure la estabilidad de los jueces; y han de efectuarse designaciones de las máximas autoridades del Poder Judicial, del Poder Ciudadano y del Poder Electoral en conformidad con el postulado de la independencia e imparcialidad y el principio de libre participación ciudadana y con arreglo al procedimiento constitucional. Son muchos los aspectos conceptuales que deben ser atendidos. Solamente mencionaremos la importancia de sustraer de la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales una red de criterios jurisprudenciales que tienden a privarlos de su dimensión de resistencia ante la injerencia estatal y a minimizar o relativizar sus garantías formales y materiales, en favor de una ponderación incierta orientada por parámetros apriorísticos abstractos en los que lo colectivo desplaza inexorablemente a lo individual. Ello merced a una lectura aislada, unilateral y omnicomprensiva del carácter social del Estado, que estrangula la libertad. Asimismo, la acción social del Estado no puede consistir en simples políticas de reparto aunadas a propósitos clientelares y a condicionamientos partidistas o ideológicos, sino debe sustentarse en políticas públicas respetuosas de los derechos de naturaleza prestacional que estén involucrados, de los cuales dimanan exigencias de no discriminación y garantía jurídica.

Volviendo a lo que antes calificamos de esencial, debemos construir la institucionalidad del pluralismo democrático y del Estado de Derecho.Y cabría preguntarse si el Derecho Constitucional puede ayudar a lograrlo.

Los desafueros continuados y la manipulación de la legalidad pueden sembrar desasosiego y desesperanza. Suele ocurrir en momentos de grandes desajustes entre la normatividad jurídica y la realidad. A comienzos del siglo XX Georg Jellinek afirmaba que: “las normas jurídicas son incapaces de dominar realmente la distribución del poder estatal”. Ante lo cual el profesor Klaus Stern sostiene que:

“si Jellinek tuviera razón la ciencia del Derecho del Estado en cuanto ciencia jurídica práctica podría presentar la dimisión. A pesar de que conocemos ejemplos de tirar por la borda las Constituciones en la historia reciente de Alemania, precisamente este caso debería darnos motivo para el cumplimiento más escrupuloso de la Constitución”.

La historia venezolana no es alentadora en la materia. El profesor José Guillermo Andueza, con motivo de la conmemoración de los doscientos años del Congreso General de Venezuela de 1811, señaló que: “en estos doscientos años de historia constitucional pocos han sido los momentos en los que el gobernante haya respetado las libertades públicas y no se haya excedido en el ejercicio del poder”.

No obstante, esta comprobación no habla tanto de las limitaciones del Derecho Constitucional como de la existencia de condiciones o presupuestos institucionales necesarios para que este pueda desplegar su función genuina, en lugar de ser utilizado por autócratas de la más variada investidura, según los cuales la Constitución sirve para todo.

La pérdida de convicción respecto de la democracia y el Estado de Derecho, no lo olvidemos, pueden alimentar procesos autoritarios, como la historia alemana también lo ilustra. Hermann Heller fue de los primeros en observar que los totalitarismos suelen ocultarse bajo la crítica a la democracia parlamentaria y demostró que el vaciamiento del sentido de las garantías liberales o su menosprecio soportan la permanencia de regímenes autoritarios nacidos del voto popular. Lo dijo en términos que advierten sobre los riesgos de subestimar la imprescindible limitación jurídica del poder y que a la vez parecieran explicar algunos antecedentes de la actual situación nacional:

“como primer paso, se difaman tildándolas de burguesas, las libertades fundamentales propias del Estado democrático de Derecho -echando mano así de esa incitación hoy tan popular a las emociones antiliberales-. Si se consigue desacreditar la libertad burguesa de opinión, las libertades de asociación, reunión y prensa, el sufragio individual secreto, como propiamente antidemocráticos, se habrán eliminado a un tiempo las garantías de la única vía democrática para indagar la voluntad del pueblo. Pues desde ese momento no serán ya posibles el ejercicio de la agitación, una votación exenta de influencias o un procedimiento electoral fiscalizado”.

La lucha por el Estado democrático y social de Derecho debe continuar y debe intensificarse. Como lo ha manifestado certeramente al profesor Andueza, en nuestra historia:

“la lucha contra la tiranía ha sido un tema permanente en las controversias políticas y ha sido y sigue siendo una luz que sale de las catacumbas, luz que no ha podido extinguirse. Hoy en los claustros universitarios está una juventud que demanda la libertad, la dignidad de la persona humana y un estado social de derecho y que condena también la tiranía y la mentira, Viva esa Juventud”.

El Derecho Constitucional puede contribuir decisivamente a preservar los principios antes esbozados. Basta citar la experiencia colombiana de los últimos años para verificar cómo una Corte Constitucional puede poner freno a potenciales desviaciones autoritarias, respaldadas en principio por el apoyo popular. Pero deben estar dadas ciertas condiciones para la aplicación de una Constitución.

De ahí que sea pertinente preguntamos: ¿Cómo enfrentar la actual devastación institucional?

Lamentamos no tener respuestas precisas ante esta cuestión que a todos agobia. Si quisiéramos compartir algunas ideas sobre la orientación general para una posible superación de esta problemática. Muy poco se obtendrá desde la frustración, la desesperanza o la resignación. Como también desde la vanidad del proyecto individual y la búsqueda del éxito puramente personal. Tampoco es el momento para insistir en las particularidades de un proyecto filosófico-político concreto o depurado. Se requiere de una unidad superior que articule las distintas comprensiones de la realidad en un objetivo común y que sea capaz de combinar la movilización ciudadana con el diálogo político y la participación electoral. Una unidad superior referida a los principios democráticos y constitucionales indispensables para levantar instituciones que permitan luego avanzar hacia otros estadios del debate y la diferenciación o especificación política, sin exclusiones. Esta encrucijada requiere de firmeza y coherencia, pero estas virtudes no son suficientes, pues hace falta un cierto espíritu de conquista, una ilusión cargada de osadía.

En la consecución de estos derroteros podemos recorrer sendas iluminadas por la vida y obra de insignes juristas, figuras políticas o intelectuales del pasado y del presente venezolano, que en las circunstancias más adversas han puesto todo su empeño en la construcción de la República. Que la conmemoración de los 300 años de la enseñanza del Derecho en Venezuela sirva para reivindicar esas trayectorias meritorias y encomiables de personalidades de ayer y de hoy, y para imprimir a los estudios del Derecho el sello que evite que sea envilecido y colocado a los pies de su propia negación.

[1] Artículo 3 del Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (publicado en Gaceta Oficial Nº 39.382, del 9 de marzo de 2010, reimpreso por errores materiales según Gaceta Oficial Nº 39.416, del 4 de abril de 2010, y reformado en dos oportunidades, según Gaceta Oficial Nº 39.655, del 13 de abril de 2011 y N° 39.924, del 17 de mayo de 2012); y artículo 5 de la Ley Orgánica de las Comunas (publicada en la Gaceta Oficial N° 6.011 Extraordinario, del 21 de diciembre del 2010).

[2] Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista, p. 27.

[3] Idem, p. 9.

[4] Artículos 3 del Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y 8, numeral 14, de la Ley Orgánica del Poder Popular (publicada en la Gaceta Oficial N° 6.011 Extraordinario, del 21 de diciembre de 2010).

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